Los sucesivos decretos y reglamentos acrecentaron el caos telefónico en España. Líneas aisladas unas de otras, materiales no homogeneizados, tarifas diferentes, diversidad de tipos de canon, explotación a cargo de empresas privadas (sometidas a diferente legislación), amén de amplísimas zonas sin servicio componían el mosaico telefónico de la España de finales de siglo.En el bienio 1908-1909, durante el gobierno conservador presidido por Maura, y siendo ministro de la Gobernación Juan de la Cierva, vieron la luz una serie de leyes y reglamentos con los que se intento cambiar el marco legislativo y lograr un servicio telefónico eficaz. El objetivo no se cumplió, ya que una de las premisas fundamentales para ello, como era la unificación de toda la red telefónica del Estado, no quedaba contemplada a corto plazo. El decreto de 17 de septiembre de 1908 autorizó la participación de los ayuntamientos en las subastas de las redes telefónicas urbanas con el derecho de tanteo sobre el mejor licitador. Al amparo de esta norma, comenzaron a funcionar dos explotaciones consideradas modélicas: la concesión por 35 años en favor de la Diputación de Guipúzcoa, mediante la ley de 25 de noviembre de 1908, y la otorgada al Ayuntamiento de San Sebastián de 1º de diciembre para explotar la red urbana. La política seguida por la red de San Sebastián, dirigida por Juan Echaine, fue la de conectar con las redes interurbanas y telegráficas y ampliar sus servicios: telegramas internacionales y giros telegráficos. La buena gestión realizada por esta red fue imitada por otros ayuntamientos sin conseguir los mismos resultados. El 27 de octubre de 1923, Martínez Anido, Subsecretario de Gobernación, transmitió la real orden autorizando la explotación a perpetuidad de la red telefónica urbana de San Sebastián en favor del Ayuntamiento de dicha capital.En 1897 se habían concedido 42 redes telefónicas a compañías privadas, entre las que destacaban por el número de abonados la Sociedad General de Teléfonos de Barcelona, con 2.479 abonados; la Compañía Peninsular de Teléfonos con cinco concesiones, correspondientes a las redes de Bilbao con 1.078 abonados, Mataró con 61, Sabadell con 343, Santander con 299 y Valls con 17; la Compañía Madrileña de Teléfonos con 1.681 abonados y la de Antonio Mompó en Valencia con 961. En 1900 las concesiones se habían elevado a 49, manteniendo las citadas compañías la primacía en cuanto a número de abonados. En 1905 la Compañía Peninsular de Teléfonos incrementaba a siete el número de concesiones, con las de Martorell y Palamós. En 1910 el número de concesiones se elevaba a 74; desde 1908 las redes de Barcelona y Madrid habían pasado a manos de la Compañía Peninsular, que con las de Tarragona y Manresa se elevaban a diez al haberse municipalizado la red de Santander en 1909, año en el que Ayuntamiento se hacía con concesión de la red de San Sebastián. De los 21.239 abonados de las compañías concesionarias de 1909, 10.202 lo eran de la Compañía Peninsular, es decir un 48,03 por ciento del total. En 1912 la Compañía Peninsular absorbió a la Compañía Ibérica de Redes Telefónicas, que tenía las concesiones de las redes de Cádiz, Jerez de la Frontera, Murcia y Vitoria. En 1915 las concesiones eran 89, de las que 27 correspondían a la Compañía Peninsular, que constituía con diferencia la compañía telefónica privada más importante del país. Ese mismo año se hizo cargo de la explotación de las tres grandes zonas en las que finalmente había quedado dividida la Península: Nordeste, Sur y Noroeste. Con ello se trataba de garantizar la conexión interurbana de las distintas redes locales existentes.